
La tramitación del proyecto de ley (PL 1828/23) que establece normas para el uso de sistemas de reconocimiento facial e identificación biométrica en Brasil avanzó este martes 14 de julio con la aprobación,por parte de la Comisión de Seguridad Pública,de un requerimiento para la presentación de una enmienda al texto. La iniciativa regula el uso de esta tecnología en espacios públicos y sistemas de transporte,con normas de transparencia y protección de datos.
El texto sustituto del relator,el diputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL),autoriza el uso de cámaras de reconocimiento facial en terminales de autobuses,estaciones ferroviarias y de metro,en el interior de los vagones,en vías públicas y edificios públicos,siempre que se respeten las normas de transparencia,protección de datos y los derechos fundamentales.
No obstante,el proyecto también prohíbe la vigilancia masiva y prevé la intervención humana en los sistemas.
La propuesta también permite la celebración de convenios entre organismos públicos y concesionarias de transporte para integrar los sistemas de monitoreo. El uso de la tecnología para localizar personas desaparecidas dependerá de una solicitud formal de familiares o de una autoridad competente,tendrá un plazo determinado y deberá ser susceptible de auditoría.
Un sistema similar ya opera en São Paulo,donde el reconocimiento facial constituye la principal tecnología de seguridad pública tanto del municipio como del estado. El sistema municipal,denominado Smart Sampa,utiliza Inteligencia Artificial en miles de cámaras públicas y privadas integradas para identificar prófugos de la Justicia,localizar personas desaparecidas y prevenir hurtos y robos.
La iniciativa también cuenta con el apoyo aéreo del SmartCop,un helicóptero que,según el gobierno estatal,está equipado con cámaras de alta precisión,visión térmica y un sistema de reconocimiento facial.
Las imágenes captadas se cruzan con bases de datos oficiales,como el Banco Nacional de Órdenes de Captura,lo que permite emitir alertas inmediatas a las patrullas de la Guardia Civil Metropolitana (GCM) y de la Policía Militar.
El año pasado se registraron más de 5 millones de ciberdelitos contra entidades en el Reino Unido,lo que supone un ataque cada seis segundos.
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