Diputados en Brasil cuestionan nuevos decretos de Lula sobre plataformas digitales

La ofensiva de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil contra los decretos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para regular obligaciones de las plataformas y establecer directrices de protección a las mujeres en el entorno digital tomó forma a través de al menos seis Proyectos de Decreto Legislativo (PDL) destinados a suspender las nuevas reglas.

Cinco de ellos pertenecen al Partido Liberal —hoy principal opositor del Partido de los Trabajadores— y uno al Partido Novo. Entre los textos presentados,llamó la atención el de la diputada Júlia Zanatta,única mujer entre los autores de las propuestas,basando su argumentación en la defensa de la libertad de expresión,de la neutralidad de red y del propio diseño original del Marco Civil de Internet.

En la misma línea,los otros PDL presentados por Rodrigo Valadares,Maurício Marcon,Carlos Jordy,Delegado Caveira y Gilson Marques también alegan que el Ejecutivo excedió su poder reglamentario al crear obligaciones inéditas para los proveedores,ampliar hipótesis de responsabilización y expandir competencias de la Autoridad Nacional de Protección de Dados.

En el caso de Zanatta,la justificación hace una defensa explícita de la concepción original del Marco Civil de Internet y recupera fragmentos del dictamen del entonces diputado Alessandro Molon,relator del proyecto que dio origen a la ley. Actualmente,Molon integra la Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta (Dig.ia),entidad que reúne hyperscalers,empresas de Centros de Datos,proveedores de infraestructura y asociaciones del sector.

En la justificación,la diputada cita directamente un fragmento del dictamen presentado por Molon en 2014 para sostener que el Marco Civil fue concebido para evitar la “censura privada” e impedir remociones genéricas de contenido.

El texto reproduce pasajes en los que el entonces relator afirma que la responsabilización de las plataformas dependería,como regla general,de una orden judicial específica,precisamente para preservar la libertad de expresión y evitar bloqueos preventivos de contenidos.

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La parlamentaria afirma que el decreto del gobierno crea un “microsistema regulatorio de moderación de contenido” sin autorización legislativa específica y “totalmente fuera del alcance” de la neutralidad de red prevista en el Marco Civil.

Según la diputada,el Ejecutivo estaría sustituyendo al Congreso al instituir,mediante decreto,obligaciones de monitoreo,moderación y vigilancia de contenidos. El diputado Maurício Marcon,en su justificación,coincide al defender que la decisión requeriría un amplio debate con la comunidad.

Otro punto que sustenta este argumento en el PDL de Zanatta es la crítica al uso de conceptos considerados vagos,como “falla sistémica”,“riesgos sistémicos” y “circulación masiva”,además de la ampliación de las competencias de la ANPD para actuar sobre moderación de contenido y circulación de información en Internet.

Cabe destacar que el organismo ya es el encargado de supervisar y fiscalizar la Ley General de Protección de Datos (LGPD).

Rodrigo Valadares argumenta que el decreto crea hipótesis autónomas de responsabilización de las plataformas y mecanismos de remoción extrajudicial que alterarían sustancialmente la lógica aprobada por el Congreso en el Marco Civil de Internet.

Por su parte,Maurício Marcon afirma que los decretos instituyen un “verdadero marco regulatorio infralegal” para la moderación de contenido y la responsabilización de intermediarios digitales.

Revisión del Marco Civil de Internet

Una revisión más amplia de la ley también viene siendo debatida desde hace años,dadas las nuevas dinámicas del entorno digital.

A pesar de las críticas,los parlamentarios destacan en los textos que no se oponen al combate de delitos digitales ni a la protección de las mujeres en el entorno online,pero sostienen que cambios de esta magnitud deberían pasar por un debate legislativo formal en el Congreso Nacional.

Después de ser presentados,los PDL deberán ser remitidos a las comisiones de la Cámara,incluida la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC),antes de una eventual votación en el Pleno.