Gobierno de Costa Rica plantea reformar Fonatel y quitar facultades a Sutel

El gobierno de Costa Rica presentó un proyecto de ley para trasladar la gestión de Fonatel de Sutel a la Promotora de Innovación y modificar sus reglas de operación.

El gobierno de Costa Rica propuso trasladar la administración,manejo y obligaciones referentes al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

La nueva administración de la presidenta Laura Fernández Delgado considera que el Fonatel ha mostrado incumplimientos de metas y problemas en la ejecución de proyectos relacionados.

Partiendo de ese diagnóstico,el gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que plantea transferir las facultades relacionadas con el fondo de servicio universal de Costa Rica.

De prosperar sin cambios,la propuesta redundará en cambios en la Ley General de Telecomunicaciones; también en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

Además del cambio relacionado con Fonatel,el proyecto de ley que promueve el gobierno implica el traslado de las obligaciones del Consejo de la Sutel vinculadas al fondo a los miembros de la Junta Directiva de la Promotora.

También contempla la posibilidad de que empresas que no tengan título habilitante en los concursos de Fonatel participen en iniciativas de solidaridad digital; la creación de la figura de evaluación de impacto; el establecimiento de competencias del Ministerio de Ciencia,Innovación,Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en la fijación de la contribución especial parafiscal; así como la posibilidad de aplicar sanciones a funcionarios de las instituciones responsables en caso de incumplimientos.

Según los registros,el saldo total del patrimonio de Fonatel era de 114,238 millones de colones,unos 228 millones de dólares,a diciembre de 2025. Parte de los recursos ya están comprometidos para la continuidad de proyectos en ejecución.

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El Fondo seguirá siendo financiado con recursos provenientes del otorgamiento de concesiones; transferencias y donaciones de instituciones públicas y privadas; multas; recursos propios que se generen; y una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos brutos devengados por los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público,la cual será fijada anualmente por el Micit.

Hasta ahora,la facultad de establecer las contribuciones de los operadores recae sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El proyecto de ley señala que los recursos de Fonatel “no podrán ser utilizados para otro fin que el que no sea el establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones,para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal,servicio universal y solidaridad,definidos en el artículo 32 de esta Ley,y deberán asignarse íntegramente cada año”.

Al mismo tiempo,la iniciativa busca declarar de interés público las operaciones de Fonatel; por lo tanto,tendrían exención tributaria,arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o ventas de bienes y servicios,así como para las inversiones que realice y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines.

Los costos de su administración serían cubiertos con sus propios recursos,pero no pueden superar el 1% del total de ese monto.

A nivel internacional,distintos estudios dan cuenta de un bajo nivel de ejecución de los fondos de servicio universal en América Latina,el uso de recursos para actividades ajenas al sector y serios problemas para traducir su existencia en el cierre de brecha digital en los países en los que funcionan.

Por eso,organizaciones sectoriales como la GSMA proponen otros mecanismos posibles para acelerar el impacto de la conectividad sobre las poblaciones,como la eliminación de impuestos que pesan sobre el sector.