En esta octava prórroga el Gobierno de Ecuador solicitó a Telefónica,quien opera Movistar,realizar un pago mensual de 2 millones de dólares.

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La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador firmó una nueva resolución que autoriza una octava prórroga al contrato actual de la operadora móvil Otecel,filial en Ecuador de la multinacional española Telefónica,propietaria de Movistar y Tuenti.
De acuerdo con el documento de la Resolución 2025-0123,la nueva prórroga tiene vigencia del 14 de julio al 15 de octubre de 2025 (tres meses). A diferencia de las siete prórrogas anteriores,en esta el gobierno de Ecuador solicita a Telefónica una adenda de 2 millones de dólares mensuales que serán cobrados los 15 de cada mes durante el tiempo de la prórroga.
“El incumplimiento del pago antes señalado dentro del término establecido generará el cobro de los intereses respectivos; sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales establecidas en el Contrato de Concesión”,asegura la resolución de Arcotel.
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La resolución también detalla que este Otecel mantendrá el pago del valor variable de 2.93% sobre los ingresos facturados y percibidos,el cual se imputará a los derechos de otorgamiento del nuevo título habilitante.
Las concesiones de espectro en Ecuador están pendientes desde 2023 cuando se cumplieron 15 años de operaciones de Claro y Movistar en el país y desde entonces se han realizado siete prórrogas para no afectar el servicio que reciben los usuarios.
Sin embargo,en este momento,es vital para Telefónica concretar la negociación con el Gobierno para avanzar con el cierre de la venta de sus operaciones en Ecuador tras la compra por parte de Millicom,por 380 millones de dólares.
Por su parte,Conecel,la filial de América Móvil que opera Claro Ecuador continúa con una prórroga indefinida mientras concluyan las negociaciones y se firma el nuevo contrato.
Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) concentran el 83.5% del mercado de telecomunicaciones ecuatoriano,por lo que la confirmación de las prórrogas es urgente para robustecer la infraestructura actual y avanzar hacia la tecnología 5G.
El decreto establece que bancos e instituciones de pago tendrán hasta 24 horas para bloquear cuentas de operadores irregulares e impedir nuevas transacciones.
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